El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó ayer en la Legislatura de Mendoza, un proyecto para poder realizar minería en el departamento. Para el jefe comunal, no se trata de “minería sí, minería no” sino de realizar un debate abierto y al departamento se le permita desarrollar la actividad.

“A lo largo de la historia de Malargüe, la minería fue muy importante para el desarrollo social, económico, cultural, educativo, de construcciones viales e infraestructuras férreas para el país. Tenemos vocación minera desde entonces y la mantenemos actualmente. Hoy producimos cerca del 65% del petróleo mendocino y con ello prácticamente se financia el 80% de los sueldos estatales de la provincia”, sostuvo Ojeda en su visita a la Casa de las Leyes mendocina.

Los puntos de la propuesta de Malargüe

En primer término establece una exclusión de zonas. En ellas no se podrán utilizar sustancias químicas como el cianuro, o el ácido sulfúrico, y prohíbe el mercurio. 

Ojeda explicó que “no se podrá usar ninguna sustancia química a una distancia no menor de 10 km al Río Atuel, al Río Salado, al Río Barranca, Río Colorado, Río Malargüe y Grande y sus afluentes, a los humedales y reservas que tengamos en el departamento”.

“En Malargüe habría pequeñas zonas donde se podría realizar la actividad y en el resto no. Estamos hablando de un 0,05% del total del territorio provincial. Son 200 hectáreas”, Juan Manuel Ojeda.

El proyecto también exige el cumplimiento de la Ley de Ambiente, 25675; la Ley de Protección Ambiental de Protección de Actividad Minera, 24.585), la Protección del Medio Ambiente (5.961), la de Residuos Peligrosos (5.917), la Constitución Nacional y Provincial; la ley de Ordenamiento Territorial (8.999), la ley de presupuestos mínimos para la preservación de Glaciares (26.639), el precepto de protección de áreas naturales (6045) y la resolución 768, de la Dirección General de Irrigación del año 1996, respecto al vertido de sustancia a los afluentes y cauces de agua.

Otro punto es la creación de la Policía Ambiental de Actividades Extractivas que se va a financiar con la tasa de fiscalización y control ambiental. Deberá controlar todos los proyectos y, cada seis meses, entregar informes a la Bicameral de Control Ambiental y seguimiento de Actividades Extractivas, comisión que se crea en el proyecto e incluye la participación ciudadana.

La propuesta también prevé que la información sea pública. El gobernador deberá establecer un sistema para que la comunidad pueda seguir el estado de cada proyecto, su potencial y cómo se lo controla. “Queremos que sea transparente porque la transparencia hace al control”, aseguró Juan Manuel Ojeda.

El último punto está relacionado a las ganancias y establece que las empresas deberán abonar el 1,5 del valor de venta de su producto y se dividirá en partes iguales entre Malargüe y la provincia. 

En este punto, Ojeda aclaró que el monto es “exclusivamente para realizar obras de infraestructura hídricas, vivienda, saneamiento, urbanización de barrios en situación de emergencia. No queremos que el dinero de la minería se vaya en aumento de gastos corrientes, aumento de personal o aumento de cargos públicos” y agregó que este fondo es por fuera del 3% por regalías que le pertenece a la provincia por lo que Mendoza percibirá ambos montos.

Por último, el jefe comunal comentó que “un proyecto minero serio en Malargüe involucra de 5000 a 6000 trabajadores con sueldo entre $300.000 a $350.000 de sueldo de bolsillo lo que ayudaría económicamente a muchos mendocinos que hoy no pueden  satisfacer sus necesidades básicas.