El Gobierno de Mendoza evalúa la posible intervención administrativa de la Liga Mendocina de Fútbol a partir de un informe elaborado por la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ), en el que se detallan diversas irregularidades financieras, administrativas y organizativas detectadas en el funcionamiento de la institución.

El documento será elevado al gobernador Alfredo Cornejo y se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial 9577, que faculta al Poder Ejecutivo a intervenir asociaciones civiles cuando se verifican anomalías graves que puedan afectar su subsistencia o vulnerar los derechos de quienes tienen interés legítimo en el cumplimiento de sus fines.

En conferencia de prensa, el director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Francisco Mondotte, explicó que el análisis se sustenta en el artículo 61 de la normativa vigente. “Existen anomalías manifiestas que podrían generar un daño grave a la entidad y comprometer su normal funcionamiento institucional”, señaló.

Mondotte remarcó además que la situación no se limita a episodios deportivos, sino que involucra “bochornos de carácter institucional y financiero” que, a criterio del Ejecutivo, justifican la evaluación de una eventual intervención.

Irregularidades detectadas

Entre los principales puntos observados por la DPJ figura la presentación extemporánea y sin validación formal de nuevas autoridades. A casi un mes de la ratificación de la Asamblea realizada el 3 de abril de 2025, la Liga informó cambios en cargos clave de la Comisión Directiva, aunque dichas designaciones no fueron inscriptas ni reconocidas oficialmente, por lo que carecen de validez legal.

También se advierte la falta de actuación de los revisores de cuentas, quienes no presentaron informes ni explicaciones sobre las irregularidades detectadas, pese a que el estatuto les asigna funciones de control y fiscalización.

Otro aspecto central es la situación del balance correspondiente al ejercicio 2024, que fue presentado fuera de término, sin dictamen profesional ni aprobación contable, y sin cumplir los requisitos legales vigentes. A esto se suma que la Asamblea de abril de 2025 se encuentra cuestionada y denunciada ante la DPJ por su presunta ineficacia jurídica.

Además, se investigan irregularidades en el manejo de fondos vinculados a la emisión de aptos médicos. Estas maniobras son objeto de causas en la Justicia ordinaria, entre ellas una que analiza posibles hechos encuadrados en el delito de administración fraudulenta, ante el presunto desvío de recursos hacia cuentas bancarias de familiares de autoridades de la entidad.

De concretarse la intervención, implicaría el cese de la actual Comisión Directiva. El interventor designado tendría como objetivo regularizar la situación institucional y convocar a una asamblea para la renovación de autoridades conforme al estatuto.

Suspensión de la final

Durante la misma conferencia, el director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Hernán Amat, se refirió a los incidentes ocurridos en la final de la Liga Mendocina de Fútbol, que derivaron en la suspensión del partido.

Amat explicó que el evento contaba con condiciones estrictas de seguridad, entre ellas un cupo máximo de 150 personas acreditadas, sin presencia de barras. Sin embargo, según indicó, la Liga no garantizó el cumplimiento de esas pautas ni informó adecuadamente las restricciones de ingreso.

“La irresponsabilidad de los dirigentes de la Liga Mendocina de no poder organizar un evento como corresponde llevó a la intervención de la Policía de Mendoza para restablecer el orden”, afirmó el funcionario.