Entre el 14 y el 18 de abril de 2025, la consultora Demokratía realizó un relevamiento con 711 entrevistas presenciales en seis departamentos del norte provincial. La encuesta indaga sobre dos derechos fundamentales: vivienda y salud.

El estudio permite tomar el pulso a la sociedad mendocina y entender mejor las expectativas, frustraciones y prioridades de la ciudadanía en un contexto de incertidumbre económica y social.

Vivienda: optimismo y resignación conviven

El 35,87% de los encuestados afirma tener vivienda propia. Sin embargo, se observan cambios significativos en las expectativas a futuro. La cantidad de personas que cree con certeza que logrará tener su casa propia se triplicó en el último año, mientras que también se duplicó el grupo que considera imposible alcanzar ese objetivo.

Estos extremos reflejan un humor social dividido: entre la esperanza renovada de una parte de la ciudadanía y el pesimismo creciente de otra.

Además, el análisis por género y edad expone que las mujeres presentan mayores niveles de desesperanza, con un 35,99% que considera imposible acceder a una vivienda, frente al 33,62% de los hombres. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, predomina la expectativa positiva aunque también es notoria la falta de interés en la vivienda propia.

Salud: estabilidad general, pero fuerte brecha de género

Respecto al sistema de salud, la mayoría de los mendocinos sigue dependiendo del sistema público (42,32%) o de la cobertura de obra social o prepaga (46,20%). Apenas un 11,48% afirma que podría afrontar un tratamiento médico sin dificultades económicas.

El informe resalta una importante diferencia de género: el 47,31% de las mujeres declara depender exclusivamente del sistema público, mientras que entre los hombres esta cifra baja al 36,73%. Por el contrario, el 50,45% de los varones accede a cobertura privada, frente al 42,59% de las mujeres, lo que evidencia una brecha económica persistente entre géneros.

Derechos en tensión

Desde Demokratía destacan que estos resultados invitan a reflexionar sobre la efectividad del Estado en garantizar derechos básicos. "La vivienda y la salud no son privilegios, sino derechos humanos. Pero en la práctica, el acceso a estos servicios esenciales sigue determinado por condiciones socioeconómicas desiguales", señaló Nicolás González Perejamo, director de la consultora.