En una articulación inédita entre la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y el Ministerio Público Fiscal Federal (MPF), la casa de estudios recibió 59 teléfonos celulares incautados por contrabando que serán destinados a estudiantes universitarios en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se enmarca en una política pública que busca reinsertar bienes secuestrados por el Estado en circuitos de valor social, promoviendo el acceso a derechos fundamentales como la educación y la conectividad.

Los dispositivos serán entregados por la Secretaría de Bienestar Universitario, a través de la Dirección de Acción Social, y estarán dirigidos a estudiantes que cuentan con becas de continuidad, hayan acreditado un buen desempeño académico en el último año y presenten fallas en sus dispositivos móviles.

“Estamos convirtiendo un problema (como el contrabando de tecnología) en una solución concreta para nuestras y nuestros estudiantes. Que una herramienta incautada se convierta en una herramienta para estudiar es un acto simbólicamente muy potente”, expresó Juan Pablo Cebrelli, secretario de Bienestar Universitario.

Qué celulares serán entregados

Los dispositivos que serán distribuidos son:

• 16 Xiaomi Redmi 13C
• 25 Motorola 624
• 9 Samsung A06
• 1 Samsung A16
• 8 Samsung A15

Los estudiantes seleccionados deberán firmar un comodato, mediante el cual se comprometen a no vender el celular por un año. Además, la entrega buscará una distribución equitativa entre distintas unidades académicas para evitar concentraciones por carrera o facultad.

Cómo será la selección

La universidad enviará por correo electrónico el formulario “Relevamiento de utilización de dispositivos tecnológicos para estudios universitarios”. Quienes lo completen en tiempo y forma, obtendrán un puntaje en base a la declaración de fallas en sus equipos y el acceso a otros dispositivos. También se evaluará el porcentaje de avance académico del último ciclo lectivo.

“Este formulario tiene fines investigativos. Queremos que refleje con fidelidad la situación real de cada estudiante y no que sea una excusa para recibir un teléfono nuevo”, aclararon desde Bienestar Universitario.

Una política con impacto social

Desde el Ministerio Público Fiscal, a través de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO), destacaron que esta entrega forma parte de las llamadas “reparaciones integrales”, una modalidad en la cual se evita avanzar con una pena judicial y se busca reparar el daño social generado por un delito como el contrabando.

“Cuando el Estado articula y pone el foco en garantizar derechos, los resultados son concretos. Esta acción conjunta es una muestra de cómo la colaboración entre organismos públicos puede generar un impacto real y positivo”, señalaron.