La Policía Ambiental Minera desarticuló un circuito ilegal de extracción y procesamiento de piedra laja

La Policía Ambiental Minera, en un operativo conjunto con Gendarmería Nacional, ordenó el cese de actividades de una mina ubicada en San Rafael y de una planta de beneficio en Maipú, ambas pertenecientes a los mismos titulares y que operaban de manera irregular.

El procedimiento comenzó el 13 de agosto durante un control de ruta sobre la Ruta Nacional 40, kilómetro 3.141, en San Rafael, cuando efectivos de Gendarmería detuvieron un camión cargado con piedra laja sin la documentación ambiental y minera correspondiente.

“Gracias al trabajo articulado con Gendarmería, pudimos detectar no solo la planta de beneficio trabajando de forma irregular, sino también la mina en San Rafael funcionando sin la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente”, explicó Guillermo Bickham, jefe de la Policía Ambiental Minera.

La investigación reveló que el cargamento tenía como destino la planta de Maipú, donde se constató el acopio de piedra ornamental proveniente de la mina Lourdes, en San Rafael. Allí, los inspectores detectaron maquinaria de corte de piedra, falencias en materia de seguridad e incumplimiento de la normativa vigente por lo que se ordenó el cese inmediato de actividades.

Posteriormente, los agentes se trasladaron a la mina en San Rafael, donde verificaron que el camión utilizado era el mismo de la planta. En el lugar se observaron extracciones recientes, ausencia de cartelería de identificación y disposición inadecuada de residuos, por lo que se solicitó la remediación del área y la colocación de contenedores para clasificación.

Debido a que el expediente de la mina se encuentra en trámite de archivo, también se dispuso el cese inmediato de la explotación hasta que se complete la investigación. Los titulares cuentan con un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos a través del sistema Tickets del Gobierno de Mendoza.

De esta manera, las autoridades lograron desarticular un circuito irregular que vinculaba extracción y procesamiento de minerales sin cumplir con los requisitos ambientales, de trazabilidad y de seguridad establecidos por las leyes vigentes y el Código de Procedimiento Minero de Mendoza.