El Gobierno nacional continúa con su plan de desregulación económica y eliminó 71 normativas vinculadas al comercio interior, en una medida que busca "reducir la burocracia, simplificar las relaciones de consumo y eliminar distorsiones de precios", según informó la Secretaría de Industria y Comercio.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El texto argumenta que muchas de estas normas “habilitaban controles de precios abusivos, exigían información sin uso concreto o regulaban programas que ya fueron dados de baja”.

Normas derogadas:

• 27 resoluciones complementarias a la derogada Ley de Abastecimiento, algunas con más de 50 años de vigencia. Estas regulaban, por ejemplo, la producción de insumos para la construcción y el abastecimiento de productos como el Gas Oil.
• 24 normativas relacionadas con el COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), un organismo que ya fue desactivado.
• 20 disposiciones vinculadas a programas en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que esta medida “reduce la carga administrativa de las empresas y elimina regulaciones que distorsionan los precios y alteran las relaciones comerciales”. Además, remarcaron que esta decisión forma parte del proceso de "reordenamiento jurídico" que el Gobierno impulsa para transparentar el comercio interno y promover la libre competencia.

Con esta medida, ya son más de 170 las regulaciones eliminadas desde el inicio de la actual gestión. Entre ellas, se destacan: la eliminación de licencias automáticas y no automáticas en comercio exterior, la baja del sistema SIRA y del DJCP, que según el Gobierno generaban costos millonarios y una carga excesiva de declaraciones juradas y el fin de programas de control como Precios Cuidados y el régimen informativo de precios y cantidades SIPRE.

El Ejecutivo apuesta a que la simplificación normativa fomente la inversión privada, reduzca costos operativos y aumente la competitividad. Sin embargo, algunos sectores advierten que la ausencia de controles podría generar mayor volatilidad de precios, especialmente en sectores sensibles del consumo masivo.