Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos el proyecto del Poder Ejecutivo que plantea una reforma parcial del Estatuto General del Empleado Público (DL 560/73) y en la ley que estalece el Escalafón General del empleado público provincial y municipal.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca modernizar la normativa, adaptarla a los criterios de responsabilidad fiscal y aclarar interpretaciones que generaron fallos contradictorios en la Suprema Corte de Justicia provincial. Además, las modificaciones responden a la necesidad de actualizar disposiciones que habían quedado desfasadas frente a estatutos sectoriales posteriores y a situaciones que originaron criterios judiciales divergentes.

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Principales cambios del proyecto de ley

Entre los puntos más destacados, la reforma propone:

• Aplicación supletoria del Estatuto: Regirá para el personal de organismos provinciales y municipales que no estén comprendidos en regímenes especiales.
• Nombramientos permanentes: Todo ingreso o ascenso válido será considerado efectivo y de carácter permanente, salvo que el acto de designación disponga lo contrario.
• Plazos de indemnización: Las compensaciones deberán abonarse dentro de los 30 días de ocurrido el hecho que las genere.
• Reincorporaciones limitadas: Si una baja o cesantía es anulada, el agente podrá volver a su cargo o a uno equivalente, pero sin derecho al cobro de salarios caídos.
• Figura del personal interino: Se incorpora expresamente esta categoría, con estabilidad “impropia” similar a la de la Ley de Contrato de Trabajo, pero sin equipararse a la planta permanente.
• Condiciones de ascensos interinos: Los cargos superiores ocupados bajo designación interina podrán ser removidos en cualquier momento, con la indemnización correspondiente.
• Fin de los privilegios hereditarios: Se deroga el artículo 90 del DL 560/73, que otorgaba beneficios de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos.

La iniciativa también aclara las diferencias entre agentes de planta permanente, con estabilidad propia,  y quienes revistan como interinos o contratados, que contarán con estabilidad impropia y un régimen de reincorporación más acotado.

Con media sanción en Diputados, el proyecto pasará ahora al Senado donde será debatido en las próximas semanas.

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Voces a favor y en contra

El debate plantea posiciones a favor y en contra de la reforma. Los defensores del proyecto — Beatriz Martínez (UCR), Gustavo Cairo (LLA) y Enrique Thomas (PRO Libertad)— destacaron que la reforma moderniza el Estatuto, aporta transparencia y claridad al empleo público, garantiza un mejor uso de los recursos estatales y asegura que los cargos sean ocupados por personas idóneas. . 

Por el contrario, los opositores —entre ellos José Luis Ramón (CxC), Emmanuel Fugazzotto (PV), Edgardo Civit Evans (PJA), Gabriela Lizana (PFLN), Jorge Difonso (LUM) y Germán Gómez (PJ)— advirtieron que la iniciativa precariza a los trabajadores, vulnera convenios colectivos, contradice pactos internacionales y abrirá la puerta a numerosos juicios contra el Estado generando inestabilidad en lugar de seguridad jurídica.